El vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Gergely Gulyás, hizo esta exigencia en la televisión pública del país a su regreso de Bolivia, al subrayar que se trata de un proceso legal con “motivaciones políticas”.
El 16 de abril de 2009 las autoridades bolivianas desarticularon una supuesta banda terrorista en la ciudad de Santa Cruz, en una operación policial en la que murieron el húngaro-croata-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano-húngaro Magyarosi Árpád y el irlandés Dwayer Michael Martin.
Tóásó y Mario Tadic (boliviano con pasaporte croata) fueron detenidos en esa operación y acusados de sedición armada y terrorismo.
Según las autoridades bolivianas, los cinco presuntos terroristas planeaban asesinar a Morales, a su vicepresidente Álvaro García Linera y a otras autoridades gubernamentales y del departamento de Santa Cruz.
Gulyás añadió que como considera que se trata de un asunto político, “la solución también debe de ser política”, por lo que opinó que es “necesario una amplia presión diplomática” y por parte de organizaciones internacionales.
El político afirmó que el Gobierno húngaro está abogando por los derechos de un ciudadano húngaro “inocente” y agregó que la Unión Europea (UE) debería considerar si ofrece apoyos a gobiernos o países donde no existe el Estado de derecho.
Las autoridades bolivianas no respetan “ni sus propias leyes”, dijo Gulyás, y recordó que Tóásó está en prisión desde hace más de tres años.
La legislación boliviana que decretaba que una persona no podía estar detenida más de 24 meses sin sentencia definitiva fue enmendada en 2010 y ahora estipula que la prisión preventiva puede ser de 24 meses sin acusación y de hasta 36 meses sin sentencia.
“Es una situación insostenible que Hungría no acepta”, recalcó.
Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, János Martonyi, que se encuentra en Buenos Aires, pidió el apoyo de su homólogo argentino en el caso, Héctor Timerman, según informó el ministerio en un comunicado.
En diciembre de 2011, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió la libertad de Tóásó y afirmó que la detención sin sentencia viola los derechos humanos.
(Tratto da: hacer.org)
